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La suspensión de la consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos comenzó como rumor. El 20 de agosto, integrantes del Consejo Nacional Indígena difundieron que ese mismo día se les había informado sobre una decisión presidencial que paralizaba el proceso en todo el país, sin precisar cuándo se reanudaría.
Las autoridades guardaron silencio durante dos días. Solo después de transcurrido ese tiempo, un comunicado con membrete del Gobierno de México —sin identificar a la institución responsable— confirmó oficialmente la suspensión. El documento argumentó razones de carácter operativo para paralizar las asambleas regionales que estaban programadas para los últimos días de agosto.
Según el comunicado oficial, las actividades de consulta se reanudarían hasta los últimos días de septiembre. La falta de claridad institucional y la demora en la confirmación oficial han generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la coordinación dentro de la administración federal.
