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Un rumor circuló primero entre integrantes del Consejo Nacional Indígena el 20 de agosto: la Presidencia de la República había suspendido en todo el país la consulta sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Sin embargo, las autoridades guardaron silencio durante dos días sin confirmar oficialmente la medida.
Pasadas 48 horas del rumor inicial, el Gobierno de México emitió un comunicado con membrete oficial pero sin identificar a la institución responsable de la decisión. El texto justificaba la suspensión por “razones de carácter operativo” y confirmaba que las asambleas regionales programadas para los últimos días de agosto quedaban canceladas.
Según el comunicado, las asambleas se reanudarían hasta los últimos días de septiembre. La falta de claridad sobre qué dependencia tomó la decisión y la demora en la comunicación oficial han dejado interrogantes sobre el proceso de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos.
