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La desigualdad en la protección ambiental revela cómo el dinero y la política determinan quiénes cargan con los costos de la degradación
La crisis ambiental no afecta de manera uniforme a la población mundial. El poder económico y político actúa como determinante en quién logra protegerse de los efectos más severos del deterioro ambiental y quién termina asumiendo el costo de la degradación.
Los recursos financieros y la capacidad de decisión política crean fronteras invisibles en la distribución de riesgos ambientales. Mientras algunos territorios cuentan con inversión en infraestructura de protección, otros quedan expuestos a las consecuencias más graves de la crisis, evidenciando cómo la geopolítica de los límites define quién está protegido y quién es vulnerable.
Esta realidad pone en evidencia que la crisis ambiental no es solo un problema ecológico, sino una cuestión profundamente política donde la desigualdad económica determina el acceso a la seguridad ambiental.